¿Cuáles son los posibles retos de la política digital del próximo gobierno?

Esta pregunta que nos hacen a quienes trabajamos en temas de tecnología no es fácil de responder porque es una línea transversal que afecta múltiples espacios. El recorrido en cualquier escenario empieza por hablar de “brecha digital” y es grande la que en Colombia existe.

La tecnología no solo se trata de conectar a las personas a internet, también define la necesidad de generar las condiciones para que el acceso a la tecnología sea de calidad, equitativo y que se cuente con los conocimientos necesarios para usarlo y aprovecharlo.

En la línea de conectividad, actualmente sigue aumentando en el país y supera el 70 % propuesto alcanzar en el gobierno Duque; sin embargo, eso está lejos de ofrecer un entorno digital garante de derechos y apropiado para el desarrollo económico y social. La conectividad crece esencialmente de la mano de los celulares en planes prepago, lo que posiblemente indica que no es permanente ni de calidad.

Como lo evidenciamos en la pandemia, la brecha digital en Colombia indica que somos uno de los países más inequitativos de la región y del mundo, castigando con más fuerza a las áreas rurales, a las mujeres, a la población que se encuentra en una situación de pobreza y a quienes están más aislados de las ciudades capitales. En general, todavía no se dan las condiciones para que la población en sentido amplio, pueda hacer uso significativo de la tecnología digital.

Las brechas digitales trascienden a temas estructurales de nuestra sociedad. Pensemos en el hambre, que para el gobierno recién elegido presenta especial importancia.

El Estado deposita cada vez más su confianza en la tecnología para hacer llegar las ayudas o subsidios, a las personas que lo necesitan. En la pandemia, la solución de urgencia para contactar a quienes fueron seleccionados como beneficiarios de programas sociales, fue pedir a las empresas proveedoras de los servicios celulares que le dieran al Departamento Nacional de Planeación sus números de celular; sin embargo, hubo errores y apenas funcionó esta medida en la emergencia para lograr el objetivo.

Sin embargo, lo que pudo servir como una respuesta de emergencia no puede ser la solución final, pues desconoce la realidad de las comunidades. El celular no es un número de identificación, es un servicio en el mercado que, entre las personas empobrecidas, especialmente, por lo general es compartido, responde a planes prepago y tiene un alto nivel de rotación. Las personas empobrecidas no mantienen el número del celular que quedó asociado en estos registros y al que le llega la información sobre los programas.

En este sentido, muchos subsidios quedaron en el limbo, perdidos o sin reclamar. Si no se trabaja en entender las conectividades intermitentes que genera la brecha digital, y se le pone mayor esfuerzo a ofrecer mecanismos de atención que no dependan de la tecnología y de empresas privadas, la capacidad del Estado para llevar los servicios a las comunidades y, por lo tanto, garantizar los derechos fundamentales a la población más vulnerable, será una constante falla.

Algo parecido pasa con los servicios de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC). Para solicitar un trámite se debe suministrar un correo electrónico. Para las poblaciones más afectadas por la brecha digital esta no es una forma de comunicación -mucho menos un canal de notificación formal-. Los correos se crean en un café internet o lo hace alguien de la familia, y muchas personas no sabrán cómo consultarlo luego. ¿Puede el Estado colombiano seguir desplegando servicios digitales en una sociedad dividida, en la que una buena parte de la población sigue desconectada en muchos niveles? Y todo esto sin mencionar que existen personas que no quieren tener presencia en línea.

A nivel internacional la discusión sobre la explotación de datos que se deriva de la digitalización es muy amplia y no se limita al uso de nuestros datos por las empresas. También se discute cómo debe ser el uso por parte del Estado, tanto de los datos que entregamos para que nos provea servicios, como de los que produce, pero también de los que obtiene solicitándolos legalmente a las empresas privadas con los que tenemos contratados servicios.

En este sentido y solo analizado desde una visión superficial, los retos en política digital para el nuevo gobierno son amplios y sobre todo necesarios para que las comunidades dejen de ser excluidas.

Fuente: El Espectador